Contra la privatización de Aena

Manuel Martínez Llaneza

Rebelión

El gobierno español ha anunciado la privatización de un 49% de Aena. Un paso más en la privatización de todo lo público que todos sabemos que no será el último; como se ha hecho en otros muchos sectores, este gobierno o el próximo privatizarán el resto. No hay para ello razones válidas distintas de los mandamientos del neoliberalismo feroz y la fe ciega en ellos del PPOE.

Aena (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) se creó por ley de 1990 como Entidad Pública Empresarial y su estatuto se aprobó el siguiente año asignándole la misión de “contribuir al desarrollo del transporte aéreo en España y garantizar el tránsito aéreo... en el marco de la política general de transportes del Gobierno”. La entidad tiene personalidad jurídica propia e independiente de la del Estado y está adscrita al Ministerio de Fomento; asume competencias que ostentaban anteriormente la Dirección General de Aeropuertos y la Dirección General de Aviación Civil.

El mundo de la aviación comercial ha sufrido desde su nacimiento en los años 20 un proceso progresivo por el cual el sector público ha sufragado las enormes inversiones que implica una línea aérea –aeropuertos, sistemas de tierra...- que luego se han privatizado por trozos para ir regalando al sector privado las partes que el sector público había logrado crear y rentabilizar: servicios anexos de líneas aéreas, servicios de atención aeroportuaria, las propias aerolíneas y ahora los aeropuertos. Mientras tanto, los gastos de normalización, investigación técnica, desarrollo del propio sistema, supervisión y aseguramiento de la aeronavegabilidad... siguen siendo soportados por los impuestos, bien directamente por el ministerio o a través de programas europeos de I+D.

La navegación aérea es difícil de privatizar en este momento por las responsabilidades de Estado en las funciones que lleva a cabo y por su baja rentabilidad en el momento actual, si bien ya existen planes para su privatización progresiva (información aeronáutica, cartografía...); sin embargo, parece que la red aeroportuaria se considera madura y que la crisis inmobiliaria exige que se dé alimento a las grandes constructoras junto a sus aliados los bancos. Ya se han dado pasos en ese sentido: muchas de las funciones que realizan los aeropuertos están en manos privadas, aunque se supone que Aena supervisa su desempeño y mantiene la titularidad.

El problema de Aena, aunque evidentemente es un caso particular con características específicas, no es en general distinto de lo que sucede en enseñanza, sanidad o que empieza a plantearse en seguridad o en justicia. Lo que el estado liberal del laissez faire consideraba como el reducto sagrado que justificaba el Estado está cercado por los neoliberales y en franco desmantelamiento. El proceso es siempre el mismo: se degrada la gestión pública –negando recursos y competencias- para que parezca ineficaz por esencia y hacer aceptable la entrada del sector privado, eso sí, afirmando que habrá muchas garantías tuteladas por el gobierno que aseguren la calidad del desempeño; una vez comenzada la privatización, dichas garantías se cambian por comisiones de seguimiento que negocian a la baja o simplemente caen en desuso. Por ejemplo: la gratuidad de la enseñanza en los colegios concertados o las condiciones que comportaba el referéndum para la entrada en la OTAN.

Para llevar a cabo esta fase del proceso en el caso de Aena, se ha empezado por los controladores (ver Rebelion. Los controladores como pretexto). Se ha anunciado la privatización de los aeropuertos de Madrid y Barcelona, en los que se habían realizado los llamados Plan Barajas y Plan Barcelona que comportaron fuertes inversiones en modernización: su explotación es de seguro beneficio y se pondrán las condiciones que permitan a las empresas tomar doble mando, a cuenta del Estado, hasta que sean capaces de volar solas. Después irán cayendo Palma, Málaga, Alicante...: todos los aeropuertos rentables. El dogmatismo neoliberal no admite términos medios.

Como en casi todos los terrenos, existen diferentes teorías y propuestas sobre la organización de un sistema aeroportuario, pero no existe ningún argumento sólido que demuestre que la gestión privada sea mejor, sólo argumentos ideológicos. En cambio, la experiencia de la privatización de los aeropuertos del Reino Unido no es muy brillante y la de los ferrocarriles de ese país es desastrosa. El caso de la navegación aérea británica (NATS) fue sintomático de cómo se funciona; tras años sin percibir los fondos necesarios con la excusa de la austeridad de las cuentas públicas, el año siguiente a ser privatizada recibió 20 millones de libras del estado.

Cuando se privaticen los aeropuertos en España, también tendrán mejor trato que ahora por parte del Estado, que negociará con los verdaderos dueños del país (con los que se reúne y a los que consulta o pide instrucciones el presidente del gobierno), pero esto no redundará en beneficio del servicio ni de los trabajadores.

La privatización será un negocio para las empresas privadas siempre que se les transfieran infraestructuras modernas a bajo precio, plantillas ‘saneadas’ y entregadas, y se haga cargo el Estado de las muchas actividades no vendibles que requiere el sector. Lo que hace la ‘iniciativa privada’ cuando se la deja sola ya lo hemos visto con disparate del aeropuerto de Ciudad Real: estudio sin ningún rigor, chanchullos, negocio para las constructoras y ruina para los demás.

Precisamente la creación de Aena tuvo como finalidad un mejor y más ágil tratamiento de las actividades aeroportuarias y de navegación aérea, pero, en este caso, como empresa pública, con objetivos mucho más amplios que simplemente ganar dinero. ¿Qué es lo que no ha funcionado? ¿Qué se ha hecho para corregirlo?

Mención aparte merece la postura de los sindicatos ante la situación. Han dicho con voz tonante que no permitirán que se toquen los derechos de los trabajadores de Aena, pero no han dicho una palabra sobre los derechos de todos los demás trabajadores del país a tener unos servicios públicos de calidad, ni sobre los miles de trabajadores de los aeropuertos que pertenecen a servicios subcontratados (privados) que también pueden verse afectados al pasar a servir a un cliente (las constructoras) mucho más duro y protegido. Los sindicatos sociopolíticos han devenido anarcosindicalistas: ya no se meten en política; a los sindicatos de clase no les importa qué clase controla el Estado y en beneficio de quién lo hace. Por eso están en permanente retirada.

Sabemos que, cuando un Estado no tiene recursos (banca pública, por ejemplo), las crisis son más duras, los que las causan son más fuertes y las opciones del gobierno más difíciles (supuesto que el gobierno se entere y quiera dar una salida democrática). Cuando venga la próxima, si salimos de ésta, estaremos todos un poco peor preparados.

Este no es un artículo a favor ni en contra de la actual Aena; sólo a favor de los servicios públicos. Es una voz más para defender lo de todos, particularmente frente a los que pregonan las bondades de las privatizaciones precisamente desde cargos públicos, bien por incompetencia para cumplir sus funciones, bien por simple falta de vergüenza a la hora de repartir lo que no es suyo entre sus amigos.

Manuel Martínez Llaneza. Doctor Ingeniero Aeronáutico y Economista

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